Actualmente, parecería ser de conocimiento público que el uso de herbicidas como el glifosato conlleva graves consecuencias para el ambiente y la salud de las personas, ya que con él se rocía la soja, las frutas y verduras, la yerba y algodón, entre otros. El caso de Fabián Tomasi, un hombre que fumigaba con agrotóxicos lo comprueba claramente.

Pero aun así, el glifosato continúa utilizándose y causando daños irreversibles a cada paso. La lucha no es fácil, ya que enfrentarse a esta lógica no solo implica poner en cuestión el modo de producción agrícola a gran escala, sino fundamentalmente ir contra grandes multinacionales como Monsanto, y su ahora propietaria, Bayer. Pero la batalla continúa. 

Haciéndose eco de un reclamo realizado por organizaciones gremiales, sociales, de profesionales y ambientales como la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y de una causa iniciada a fines del 2012 en base a afectados por malformaciones y múltiples enfermedades con esta causa, un fiscal federal de Argentina, el Dr. Fabián Canda, solicitó una medida cautelar para suspender el uso de una semilla trangénica de soja y los formulados comerciales del peligrosos herbicida glifosato a ella asociada; o, en su defecto, la prohibición de este agroquímico para su aplicación aérea, delimitando una zona de protección de 5 km en su aplicación terrestre en relación a las escuelas rurales, casas o poblados, ríos, lagunas y pozos de extracción de agua subterránea.

Piden que el glifosato se prohíba finalmente en Argentina

El fiscal hace referencia al dictamen de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) que señala al glifosato como potencialmente cancerígeno; y además destaca la importancia de “estudios científicos, informes técnicos realizados en el plano local e internacionales, incluso informes producidos por órganos de control con jerarquía constitucional”. 

Y, al respecto, menciona que: “Esos informes y antecedentes dejan en evidencia, por lo menos, la indubitable peligrosidad de los agrotóxicos a base de glifosato”. Y agrega que: "Por lo tanto, no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer su efecto, con el propósito de actuar una vez que esos daños se manifiesten”.

Según el  coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Ávila Vázquez,  Argentina es el país que más glifosato usa en el mundo y su uso ha aumentado un mil por ciento entre 2005 y 2015. Además, de acuerdo al Presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), Jorge Yabkowski: "Tenemos que prohibir el glifosato y empezar a hablar de agricultura ecológica porque sino nos vamos a morir todos".

Cáncer, malformaciones, problemas neurológicos, respiratorios, infertilidad y abortos espontáneos son sólo algunos de los males que provocan los agrotóxicos.

Partiendo de esta alarmante situación, durante este año se intentará promover la prohibición del glifosato en los cultivos de todo el país. Y para ello ya se logró un primer paso.

La Dra. Vizcay Gómez  enfatizó la gravedad del uso de los agrotóxicos y dijo: "En todo el país hay afectados y no solo por los venenos de la soja o el maíz, sino por frutas, verduras, papas y batatas que son fumigadas con insecticidas. Las aceitunas usan desecante, la vid usa agrotóxicos y se encontraron restos en diferentes vinos. La yerba mate usa venenos, prueba de ello es la cantidad de malformaciones en Misiones, donde también el tabaco se fumiga. Las arroceras son las mayores contaminadoras del agua en Chaco y Corrientes, las plantaciones de pino y eucaliptus en Misiones y Entre Ríos. También está presente en cereales, alimentos de bebés, galletitas, golosinas y refrescos".

Piden que el glifosato se prohíba finalmente en Argentina

La solicitud del fiscal se encuentra en el marco de una apelación al rechazo de una medida cautelar en un proceso judicial colectivo donde se reclama la reparación del daño ambiental ocasionado por los OGM (Organismos Genéticamente Modificados) y el uso de glifosato en el país.

El requerimiento, que sostiene que corresponde aplicar un principio precautorio (es decir, que se adopten medidas protectoras ante las sospechas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el ambiente), fue presentado el 1º de diciembre de 2016 y deberá ser resuelto por la Sala Tercera de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de Buenos Aires, seguramente en el primer cuatrimestre del  2017.