Éste es el país más peligroso para defender el planeta

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Ser ambientalista y luchar por la defensa de los recursos naturales y las tierras de las comunidades que lo habitan no es, para nada, una tarea sencilla ni superflua.


Muchas veces, y en comparación con otras luchas, la ambiental parece ser una de las menos importantes, debido a su impacto a mediano y largo plazo. Sin embargo, ser ambientalista no es solo salvar una especie animal amenazada, sino defender el derecho a la vida y la tierra de pueblos y comunidades a los que, desde el silencio mediático, se desplaza, violenta y despoja de sus fuentes de ingreso principales.

Esto no es para nada gratuito. Defender los recursos es enfrentarse con los intereses de compañías internacionales y políticos a ellos asociados, para los que su "materia prima" para obtener ganancias, no es algo que esté en debate y estarán dispuestos a cualquier cosa por conseguirla, sin importar con quiénes deban enfrentarse en el camino. 

La ONG Global Witness ya había publicado un informe que señalaba al 2015 como el año con más militantes socio-ambientales y territoriales asesinados. Ahora, un nuevo informe de la ONG revela cuál es el país más peligroso y allí ubican a Honduras, el sitio natal de Berta Cáceres, líder de la comunidad originaria “Lenca”, asesinada en 2016 cuando encabezaba la disputa en relación a la instalación de un proyecto hidroeléctrico en el río Gualcarque. 


país más peligroso para ambientalistas

El nuevo informe de la ONG fue titulado “El Lugar más Peligroso para Defender el Planeta” y en él se documentan los niveles de violencia e intimidación que sufren las comunidades rurales por oponerse a la construcción de presas, o a la explotación de minas, tala o agricultura.

Según la ONG, desde el golpe de Estado de 2009, más de 120 activistas ambientales fueron asesinados, amenazados, atacados o encarcelados. Estas personas se opusieron a las presas hidroeléctricas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras, y han muerto a manos de las fuerzas del Estado, los guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Además de estas muertes -que en un porcentaje mayor al 90% han quedado en la impunidad-, muchos otros también han sido amenazados, atacados o encarcelados.

Estos altos niveles de violencia impactan con fuerza, sobre todo, en las comunidades rurales, originarias y campesinas. Su protesta es criminalizada, ocultada y acallada. 

En este sentido, el informe presenta el estudio de cinco casos emblemáticos que, según la ONG, "constituyen una campaña sistemática para atemorizar a las comunidades hasta que aceptan el expolio y la industrialización de su tierra y representan un profundo fracaso en el cumplimiento de los derechos de los pueblos a ser consultados sobre el uso de sus recursos naturales".

En cuanto a las causas, la corrupción generalizada, los intereses del capital, los acuerdos con la clase política local y el no respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades, se combinan para hacer de Honduras, el país más peligroso para defender el ambiente. 

“Tras dos años de investigación sobre quiénes son los responsables de estos asesinatos, podemos poner de manifiesto que los proyectos que son la causa de los conflictos están vinculados con las élites ricas y poderosas del país, entre ellas algunos miembros de la clase política”, señala la organización.

La situación es tan grave que durante los 2 años de investigación, tres de las personas entrevistadas durante la fase de investigación de este informe han sido asesinadas.

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Aunque Honduras es un país cubierto de bosques y rico en minerales, los beneficios de esa riqueza solo los disfruta un porcentaje muy reducido de la población. De hecho, es el país más desigual de América Latina. Allí, 6 de cada 10 hogares de las zonas rurales viven en condiciones extremas de pobreza.

Los proyectos mineros, energéticos y agroindustriales se han convertido en uno de los pilares de la estrategia económica del país. De hecho, se calcula que entre el 30 y 35% de su territorio está concesionado.

Pero no todo es negativo dentro del informe. La ONG también brinda al Estado de Honduras y sus instituciones una serie de recomendaciones para revertir la situación, entre las cuales se encuentran priorizar la protección de las y los defensores de la tierra poner fin a la corrupción que fomenta los proyectos empresariales abusivos y acabar con la impunidad.

También recomienda colaborar con las organizaciones sociales para reforzar y aplicar leyes que garanticen una verdadera consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas; y solicita a los inversores extranjeros e instituciones financieras que detengan cualquier inversión en proyectos extractivos que generen violencia y violación de derechos humanos.

No dejemos que exista ningún país donde defender el derecho a la vida sea penalizado o criminalizado; porque son estos luchadores silenciosos los que, al arriesgar su vida, buscan salvar al ambiente en el que todos vivimos, y del que depende la supervivencia de las comunidades que lo habitan, y el resguardo de su historia e identidad. 

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Etiquetas: Ambientalistas
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