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Tecnología

España perdió el arbitraje internacional sobre Energías Renovables: ¿qué significa eso?

En los últimos días, se conoció que España perdió el primer arbitraje internacional por los recortes a las energías renovables y que deberá pagar 128 millones de euros a los inversores. Pero... ¿qué significa eso?

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España perdió el arbitraje internacional sobre Energías Renovables: ¿qué significa eso?

En los últimos días, se conoció que España perdió el primer arbitraje internacional por los recortes a las energías renovables y que deberá pagar 128 millones de euros a los inversores. Pero... ¿qué significa eso?

Laura Vidal

05/05/2017

En los últimos días, se dio a conocer la noticia de que España perdió el primer arbitraje internacional por los recortes a las energías renovables, y que el CIADI (organismo de arbitraje del Banco Mundial) le había exigido al gobierno pagar 128 millones de euros a los inversores extranjeros. Pero... ¿qué significa todo eso?

Para comprender lo que sucedió, hay que remontarnos a 2007. En ese año, el Gobierno español decidió impulsar las energías renovables, no contaminantes, que no emiten gases de efecto invernadero ni residuos peligrosos, y que beneficiarían a España porque podía producirlas, y así no depender de energía del exterior. 

El plan para atraer inversores hacia ese rubro consistió en la promesa de una retribución de impuestos. Es decir que, en términos simplificados, a quienes apostaran a las energías renovables, les sería devuelta parte de su inversión. El Gobierno creó un sistema que garantizaba el cobro de determinada retribución durante toda la vida útil de la planta en la que se hubiera invertido.

La medida tuvo mucho éxito, y desde pequeños productores locales hasta grandes empresas extranjeras comenzaron a producir energías renovables en España. Pero no todo salió tan bien.

En el año 2010, el Gobierno aprobó duros recortes a la retribución de las tecnologías fotovoltaica, eólica y termosolar, que de algún modo incumplían con las retribuciones que antes se habían garantizado.

Se fijó un número máximo de horas de producción retribuida al año, muy por debajo de las horas reales de producción anual.

Este recorte supuso, para la energía fotovoltaica, una disminución de ingresos del 28 %, al que se le sumó un impuesto del 7% que se impuso en 2012 (con un cambio de gobierno en el medio) a la generación de electricidad. Y las cosas siguieron empeorando para los inversores, ya que en 2014 el Gobierno se embarcó en una reforma eléctrica que recortó en otros 1700 millones las retribuciones.

Esa situación llevó a que ciertos inversores, que veían en los recortes un incumplimiento de lo que se les había garantizado a la hora de invertir, apelaran a la justicia internacional. Lo hicieron ante el CIADI, un organismo de solución de diferencias del Banco Mundial.

Lo que ha ocurrido es que el primero de esos arbitrajes, que responde a la denuncia de una empresa británica, falló en contra del gobierno español. Y deberá pagar 28 millones de euros que, según el arbitraje, corresponden a los inversores.

Mientras que casi 30 inversores extranjeros presentaron sus denuncias a los tribunales internacionales, las empresas nacionales no pudieron hacerlo. Por eso, muchos creen que serán los pequeños inversores locales los que terminarán saliendo más perjudicados.

Esta situación podría comprometer el objetivo de España de llegar al 20% de fuentes de energía renovables en 2020. Pero lo más importante es que, si se detienen los esfuerzos por reemplazar las energías perjudiciales para el ambiente por las que no lo son, serán, como siempre, el planeta y la Humanidad los que salgan perjudicados.


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