EL PROTOCOLO ANCESTRAL

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EL PROTOCOLO ANCESTRAL

LA PUNA DE SALTA Y JUJUY UNIDA POR SUS DERECHOS 



Comunidades de las Salinas Grandes de Jujuy y Salta redactaron un protocolo para que el Estado y las empresas, sepan de qué manera deben respetar los derechos indígenas.

Esto es consecuencia de los atropellos que sufren con empresas mineras por la extracción de litio.En un hecho sin precedentes para Argentina, y en consonancia con normas internacionales y leyes nacionales, comunidades indígenas de las Salinas Grandes de Jujuy y Saltaredactaron su “carta magna”, un detallado programa con validez jurídica que determina cómo debe actuar el Estado y los particulares para respetar los territorios indígenas y no violar sus derechos.

Las comunidades de la región viven desde hace siglos de la producción de sal y, en los últimos años, enfrentan conflictos con empresas mineras que intentar extraer litio.

El protocolo Kachi Yupi (“huellas de la sal”, en idioma quechua) fue definido formalmente como el “procedimiento de consulta y consentimiento previo, libre e informado” para las comunidades indígenas de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.

Es un documento de 53 carillas que fue debatido y consensuados por las comunidades durante dos años de trabajo desde las bases.El protocolo incluye como deben tratar a los pueblos indígenas en  situaciones sobre territorios, recursos naturales, espacio aéreo, subsuelo, actividades extractivas o de investigación; decisiones referidas a salud, trabajo, educación, turismo, declaratorias de Patrimonio de la Humanidad, cultura, políticas públicas y emprendimientos productivos, entre otros.

Si por fin la justicia decide acompañar a nuestros ancestros, las decisiones comunitarias deberán ser tomadas por consenso. La información que se brinde a las comunidades debe ser detallada, presentada de forma pública y previa al avance de cualquier actividad. Se debe brindar en distintos formatos (videos, escritos y fotos). Siempre se deben considerar los aspectos sociales, ambientales, económicos, culturales y espirituales.

Estipula que el Estado deberá designar personas particulares como responsables de la entrega de información “para que la comunidad no tenga que deambular solicitando documentación y todo lo que quieran informar, será brindado a toda la comunidad y a personas o familias por separado.Un punto imprescindible destaca que si durante el proceso de consulta se advirtiese que de la actividad en cuestión podrían surgir daños ambientales, culturales, sociales o espirituales: “El proyecto no podrá avanzar ni aún con el consentimiento de la comunidad”.

Precisa la posible ruptura de los salares, contaminación del agua o pérdida de los glaciares.El protocolo advierte que la única institución representativa para decidir es la asamblea comunitaria.


Fuente: Página/12 / www.barriletesenelaire.com.ar 

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